Nuevo marco legal para la carga y descarga en Portugal
Desde el 11 de septiembre, la carga y descarga de mercancías tiene un tiempo máximo de espera de dos horas debido a un decreto ley que entró en vigor.
El nuevo decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros en junio redefine el régimen jurídico del contrato de transporte de mercancías por carretera en Portugal, centrándose en la regulación de las operaciones de carga y descarga y, en consecuencia, en los tiempos de espera. Pretende así garantizar la reducción de los tiempos de espera y generar responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del remitente, el destinatario o el transportista.
La medida que más destaca es la exigencia de un plazo máximo de dos horas de espera para la carga y descarga a nivel nacional. Según el decreto, el periodo de espera comienza a partir de la hora previamente acordada o programada entre el remitente, el destinatario y el transportista. Si no hay una programación previa, el período de espera comienza cuando el vehículo se registra en el sistema del remitente o del destinatario, excepto en el caso de las entregas en almacén.
Además, el nuevo régimen determina que es responsabilidad del remitente o del destinatario asegurarse de que los procedimientos administrativos y aduaneros se cumplan con antelación y a tiempo para respetar el periodo de espera establecido. En cuanto a los posibles retrasos, los transportistas, remitentes o destinatarios podrán recibir una compensación, que tendrá que pagar el causante del retraso.
Sin embargo, este plazo máximo de espera de dos horas no se aplica a los contratos en vigor que acuerden algo distinto a este respecto, y existen otras excepciones. Por ejemplo, el transporte de mercancías perecederas no necesita cumplir la nueva normativa debido a la naturaleza de los productos, ni tampoco los puertos polivalentes y de carga seca. Las instalaciones de fabricación están igualmente incluidas en la lista de excepciones cuando el origen y el destino de las mercancías son terminales portuarias.
La supervisión de estos temas estará a cargo del IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transporte) y de la ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho), con multas previstas respecto a las infracciones previstas en el reglamento.